Aprobada Ley de Inteligencia que refuerza la seguridad sin vulnerar derechos
Con una votación mayoritaria y un respaldo técnico sólido, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que da vida a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Esta iniciativa, impulsada por la diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y legisladora por Morena, establece un marco normativo que busca hacer frente a los desafíos de seguridad desde una perspectiva legal, preventiva y respetuosa de los derechos humanos.
El salón de plenos, habitualmente saturado de discursos burocráticos, fue escenario de una intervención clara, contundente y meticulosamente estructurada. Saiden presentó la ley como una pieza clave para consolidar un “Estado inteligente”, donde las instituciones cooperen, la información fluya de manera controlada y la legalidad sea el eje rector. No hubo promesas vagas ni discursos incendiarios: hubo datos, argumentos y un llamado a la responsabilidad legislativa.
Lejos de proponer un aparato centralista o de vigilancia masiva, la diputada explicó que esta nueva arquitectura institucional se basa en la interoperabilidad. Es decir, permitirá a autoridades locales, estatales y federales intercambiar información estratégica sin duplicar esfuerzos ni invadir competencias. A través de plataformas técnicas y protocolos jurídicamente definidos, se podrá anticipar el comportamiento criminal, con énfasis en delitos de alto impacto como secuestros, extorsiones y homicidios vinculados al crimen organizado.
Uno de los logros más destacados del dictamen es que no se incurre en prácticas invasivas. La ley prohíbe explícitamente la recolección de datos biométricos, la intervención de comunicaciones privadas y cualquier forma de vigilancia sin orden judicial. En un contexto en que la privacidad es un bien escaso, este matiz marca una diferencia significativa frente a intentos anteriores que naufragaron por falta de controles.
Jessica Saiden, con un tono firme pero respetuoso, negó cualquier intención de revivir mecanismos fallidos como el extinto Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. “Este sistema no es para espiar, es para proteger”, dijo, ganándose aplausos incluso desde las bancadas opositoras. La supervisión institucional y el acceso limitado a los datos garantizarán —según explicó— un equilibrio entre eficiencia operativa y garantías individuales.
Además, la propuesta no llegó sola: se presentó una adenda legal con adecuaciones que fortalecen los candados jurídicos del dictamen. Este movimiento técnico, poco común en iniciativas de esta naturaleza, muestra un compromiso con el consenso y la mejora legislativa, lejos del protagonismo o la cerrazón política.
Con 368 votos a favor, el dictamen fue aprobado en lo general y, posteriormente, en lo particular, con ajustes mínimos. La mayoría de los partidos —incluidos aquellos históricamente escépticos a reformas de inteligencia— coincidieron en que esta legislación representa un paso necesario y urgente frente a un panorama nacional donde los grupos delictivos se han sofisticado más que muchas instituciones públicas.
La diputada cerró su participación con un llamado que resonó más allá del pleno: “Este dictamen es un compromiso con la paz en México, con nuestras familias y con un entorno seguro desde nuestros hogares”. Un mensaje que, sin excesos retóricos, refleja una aspiración ciudadana concreta: vivir sin miedo, con instituciones que previenen antes de reaccionar.
