En plena coyuntura de transformación judicial, el más reciente estudio de la casa encuestadora Algoritmo arroja un dato revelador: la carrera por la Suprema Corte no tiene una ganadora clara. Aunque Yasmín Esquivel Mossa encabeza las preferencias con un 15%, su ventaja es apenas simbólica frente a figuras que emergen con fuerza como Lenia Batres Guadarrama (13%) y Marisela Morales (11%), lo que configura un escenario electoral judicial más competido de lo previsto.
La encuesta, realizada en mayo de 2025, confirma que el interés ciudadano por el destino del Poder Judicial ha escalado más allá del debate político tradicional. En este nuevo mapa, Lenia Batres aparece no solo como una figura cercana al oficialismo, sino también como una candidata que ha sabido conectar con una base electoral amplia. Su discurso crítico con la estructura judicial actual y su propuesta de apertura la colocan como contendiente clave.
Sin embargo, el ascenso de Marisela Morales, extitular de la PGR y con una trayectoria marcada por la persecución de delitos de alto impacto, sorprende al colocarla como una opción seria para sectores más conservadores y técnicos del electorado. Su perfil de mano firme y experiencia institucional resuena entre quienes demandan una Corte fuerte e independiente.
Ingrid Tapia (12%) y Loretta Ortiz Ahlf (10%) completan el grupo de candidatas con doble dígito en intención de voto. Ambas representan posturas más académicas y de trayectoria jurídica consolidada, apelando a votantes que valoran la técnica y el profesionalismo sobre la filiación política.
Más abajo en las preferencias se ubican Olivia Aguirre Bonilla (7%) y Natalia Téllez Orozco (5%), que pese a contar con preparación jurídica, no han logrado proyectar un mensaje de amplio alcance. En un sistema judicial que se mueve al ritmo de la opinión pública, esta falta de visibilidad podría ser determinante.
La dispersión se intensifica con candidatas como Mónica Güicho (4%), Zulema Mosri (2%) y María Estela Ríos (1%), quienes se encuentran en el fondo de la tabla. En contraste, el 18% de indecisos revela que una parte significativa del electorado aún espera señales claras, propuestas concretas o rostros nuevos que rompan con la lógica de cuotas y cuates.
Este estudio de opinión no solo ofrece cifras, sino que insinúa una inquietud mayor: la ciudadanía comienza a apropiarse del debate sobre el Poder Judicial. La intención de voto para ministras de la Corte ya no se reduce al juego institucional, sino que emerge como parte de la narrativa democrática del país. Es, quizá, el preludio de una reforma que no será solo de leyes, sino también de legitimidades.
En medio de este panorama, el desafío es monumental: ¿puede una elección popular garantizar justicia y técnica a la vez? ¿O se corre el riesgo de que la Corte se contamine de la misma lógica electoral que tanto se busca regular? Lo cierto es que el tablero está en movimiento, y por primera vez en décadas, las ministras también serán electas con la lupa de la ciudadanía.
