Por Bruno Cortés
En medio del drama nacional que representa la desaparición de personas, donde miles de familias buscan a sus seres queridos sin ayuda suficiente, la diputada Kenia López Rabadán, del PAN, levantó la mano en el Congreso con una propuesta que pone el dedo en una de las llagas más dolorosas del país: quiere que la búsqueda de personas desaparecidas sea un derecho constitucional. Así, directo y sin rodeos.
La propuesta suena técnica, pero lo que busca es claro: que la Constitución reconozca que toda persona tiene derecho a ser buscada de forma efectiva, exhaustiva y rápida, partiendo de una idea muy poderosa: presunción de vida. Es decir, que nadie sea tratado como perdido sin más. Mientras no se demuestre lo contrario, la persona debe ser buscada como si siguiera viva. Y eso, en un país como México, no es poca cosa.
Pero la iniciativa no se queda en lo simbólico. También obliga al Estado —en todos sus niveles— a garantizar justicia, verdad, reparación del daño y que no vuelva a pasar. Y lo más importante: que haya lana para hacerlo. Kenia López propone que el presupuesto asignado a esta tarea no pueda ser menor al del año anterior, para que no se quede en un “bonito derecho” sin dientes.
Lo más crudo es que la iniciativa nace de una realidad escalofriante: más de 124 mil personas desaparecidas en México desde 1952, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas. Y aunque México firmó desde hace años convenios internacionales para proteger a las personas contra desapariciones forzadas, la violencia, la impunidad y la falta de voluntad política han hecho que esas promesas se queden en el papel.
López Rabadán no se guarda nada: señala que estas desapariciones suelen venir acompañadas de tortura, ejecuciones extrajudiciales, tratos inhumanos y detenciones arbitrarias. Lo peor de lo peor. Por eso insiste en que la reforma constitucional es urgente y necesaria. No solo por las víctimas, sino por sus familias, que cargan años de dolor, incertidumbre y burocracia sin final.
¿Y qué sigue? La propuesta ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se discutirá si este derecho merece ocupar un espacio en el artículo 4º de la Constitución, el mismo que garantiza el acceso a la salud, la vivienda y la alimentación. Incluir ahí el derecho a ser buscado sería un paso gigante en el reconocimiento legal del drama que viven miles de familias mexicanas todos los días.
En un país donde la impunidad muchas veces es la norma, esta iniciativa busca que buscar a una persona desaparecida no sea un acto de buena voluntad, sino una obligación constitucional. La pregunta es si el Congreso está dispuesto a elevar esta tragedia nacional al lugar que merece: el centro mismo de nuestras leyes.
