Por Juan Pablo Ojeda
El Congreso no solo se trata de pleitos entre partidos y sesiones maratónicas; a veces también se convierte en una trinchera para causas que vienen desde abajo, del campo, de la tierra. Y eso fue justo lo que pasó cuando la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, de Morena, alzó la voz junto a decenas de campesinas y campesinos que quieren algo muy claro: volver a tener derechos sobre su tierra y ser reconocidos como sujetos de derecho público.
La historia va más allá de una demanda agraria. Se trata de una propuesta formal que busca reformar el artículo 27 de la Constitución, nada más y nada menos. ¿El objetivo? Recuperar la propiedad social del campo mexicano y que ésta no pueda ser vendida, embargada ni desaparecida. O como dicen en lenguaje constitucional: que sea inalienable, imprescriptible e inembargable. En otras palabras, que la tierra vuelva a ser de quienes la trabajan.
La iniciativa se presentó en el foro titulado “¿Quién debe alimentar a las y los mexicanos?”, encabezado por Suárez Montes de Oca. Ahí, se entregó el documento oficial con la propuesta de reforma, de manos de José Jacobo Femat, de la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (ANICS), quien aseguró que esto no es sólo una reforma legal, sino una ruta nueva para millones de mexicanos que han sido desplazados o ignorados.
La propuesta no se queda en lo simbólico: plantea que el campo y la soberanía alimentaria se consideren temas de seguridad nacional. Y tiene sentido: en un país que importa buena parte de lo que come, hablar de producir lo que consumimos es hablar de soberanía real. Además, se quiere detonar la creación de empresas y empleos rurales para evitar la migración forzada. Así, en lugar de seguir persiguiendo el “sueño americano”, como dijo la diputada, se pueda empezar a construir un “sueño mexicano” en el propio terruño.
Pero la iniciativa no camina sola. El diputado Arturo Ávila Anaya, vocero de Morena, también le entró al quite y respaldó la propuesta, enlazándola con la estrategia agroalimentaria que trae entre manos la presidenta Claudia Sheinbaum. En su plan nacional —llamado Plan México— hay metas claras: para 2030, producir 25 millones de toneladas de maíz blanco, 1.2 millones de frijol, y millones de litros de leche, arroz, entre otros. ¿Cómo se logrará eso? Con programas como Cosechando Soberanía, Alimentación para el Bienestar, y Fertilizantes para el Bienestar, que juntos suman una inversión de más de 83 mil millones de pesos para el cierre del sexenio.
Todo este impulso forma parte de un intento por reorganizar el modelo agroalimentario del país. La apuesta no solo es garantizar comida para todas y todos, sino también reconstruir el campo como motor económico y social.
Este foro, aunque suene a política pura, en realidad es una llamada de atención. Porque mientras miles migran por falta de oportunidades en sus comunidades rurales, en el Congreso hay quienes están intentando —al menos desde la ley— que el campo vuelva a florecer. La tierra, dicen, no se abandona: se defiende. Y ahora quieren hacerlo desde la Constitución.
